Nuestra querella contra el proyecto Manzanillo Gas & Power está blindada por la ley. Desde SOECI, junto a INSAPROMA y el CNLCC, exponemos los argumentos contundentes que demuestran que este proyecto es un crimen ambiental:
Violación flagrante de la ley: La Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley 202-04 de Áreas Protegidasy la Resolución 0010/2028 prohíben estrictamente cualquier actividad industrial en áreas protegidas y en sus zonas de amortiguamiento (un mínimo de 300 metros lineales desde el lindero). ¡Y este proyecto está justo encima!
El BID lo admite, pero se lava las manos: En reuniones con nosotros y el MICI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) admitió formalmente que el proyecto sí está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa. Sin embargo, el BID alega que fueron las autoridades dominicanas quienes impusieron esa ubicación exacta y exigieron que fuera a base de gas natural licuado, ignorando el impulso de energías renovables.
Ni el financiamiento internacional ni la complicidad estatal están por encima de la ley dominicana y de nuestra Constitución.
¡El daño está admitido y la justicia debe actuar!
